¿Alguna vez has probado a salir de casa en silla de ruedas y llegar sin problemas hasta la calle? ¿has probado como es desplazarte por la calle con los ojos vendados?, o ¿te has visto envuelto en algún problema de accesibilidad en general? Como habrás podido comprobar, basta con salir de la puerta de casa para encontrarse con las primeras barreras arquitectónicas a las que se enfrentan día a día multitud de personas. Personas con los mismos derechos que los demás, y sin embargo, en numerosos casos, quedándose encarceladas en sus propias viviendas.

Pero por fin ha llegado el día esperado para muchos, y es que, a partir del 4 de diciembre, todos los edificios tendrán que ser accesibles para cualquier usuario, según el plazo establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

A partir del 4 de diciembre, todos los edificios tendrán que ser accesibles para cualquier usuario.

Esta ley establece la obligatoriedad a los edificios de realizar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a cualquier propietario que sufra discapacidad o movilidad reducida, así como los mayores de 70 años. Todos ellos, tienen la posibilidad de solicitar a la junta de vecinos la realización de las obras pertinentes, cuyo procedimiento lo puedes ver gráficamente en el post “Pasos para la instalación de un ascensor en tu comunidad de vecinos”. 

Los ajustes a realizar para facilitar la accesibilidad universal en el edificio no afectan sólo al portal y escaleras, sino a todas las zonas comunes, como puede ser la piscina u otras instalaciones, para que puedan ser utilizadas por todas las personas. Estas obras pueden ir desde achaflanar un peldaño, colocar un pasamanos, hacer la puerta de acceso más ancha, realizar una rampa, a instalar una plataforma salvaescaleras o un ascensor. En este último, los criterios de accesibilidad son bien claros.

salvaescaleras

Pero lógicamente, no todas las obras tienen el mismo coste para los vecinos. Es aquí donde se incluye el término ajustes razonables. A tal efecto, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas de 2013, modificó la Ley de Propiedad Horizontal para concretar el alcance de las obras y ajustes razonables. Esta aclaración, figura de la siguiente manera: “Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.”

Es decir, que si el coste de las obras, una vez deducidas las ayudas públicas, supera las 12 mensualidades, será necesario que sea aprobado por la Junta de propietarios con el voto favorable de la mayoría de propietarios, o por el contrario, el solicitante asumirá el sobrecoste.

En cualquier caso, las obras realizadas para favorecer la accesibilidad serán conformes al Código Técnico de la Edificación (CTE).

accesibilidad

Cabe señalar que, según algunos expertos, garantizar el cumplimiento de esta ley para el 4 de diciembre es difícil. No hemos de olvidar que en 2015, más del 75% de las fincas necesitaban mejoras en su accesibilidad, según indicaba Salvador Díez,  presidente del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España.

La mejor solución ante esta problemática es la concienciación de todos los actores sociales, tener empatía por aquellos que están en situación desfavorable, y no esperar a que los poderes públicos sancionen a las comunidades que incumplan esta ley.